El hierro brasileño del corredor de Carajás se transforma en componentes de bienes de industrias mundiales que van desde las infraestructuras y los automóviles hasta la tecnología. Las cadenas de suministro de hierro y acero son largas, complejas y opacas, lo que dificulta que los actores empresariales de la cadena de producción rindan cuentas sobre los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente que se producen en los niveles inferiores de sus cadenas de suministro.
“El hierro y el acero del corredor de Carajás están manchados por los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente. Las multinacionales mundiales que se abastecen de hierro de Carajás deben examinar detenidamente sus cadenas de suministro y abordar estas violaciones. No pueden seguir confiando en proveedores como Vale -responsable de repetidos derrumbes mortales de presas- sin plantear cuestiones sobre los derechos humanos.” dijo María Isabel Cubides, Responsable de Programas del equipo de Globalización y Derechos Humanos de la FIDH.
El Proyecto Gran Carajás -que se extiende desde el sureste de Pará hasta la ciudad de São Luís, capital de Maranhão, en la Amazonia oriental- proporciona “uno de los mayores flujos de mineral de hierro del comercio mundial”, según una reciente publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de Brasil. Y está plagado de graves problemas, como “la deforestación, el acaparamiento de tierras, los conflictos en el campo y las violaciones contra los pueblos indígenas”. La expansión e intensificación de las actividades extractivas -combinadas con el descuido de la diligencia debida- genera graves impactos ambientales y amenaza los derechos humanos.
Brasil es el mayor exportador mundial de hierro. Mientras que dos tercios de las exportaciones de mineral de hierro de Carajás entre enero y septiembre de 2021 se enviaron a China y Malasia, las empresas europeas constituyen una parte importante de los compradores corporativos, como Arcelor Mittal y TataSteel.
“El mineral de hierro que se extrae en Brasil no puede comercializarse a costa de muertes y del empobrecimiento de las personas. Tampoco es aceptable que se nieguen los derechos de la naturaleza para que las empresas, los compradores de hierro y acero y otras partes interesadas puedan beneficiarse y hacer crecer sus beneficios cada año. Desgraciadamente esta es una realidad que vivimos.” dijo Larissa Santos, de Justiça nos Trilhos.
El 25 de enero de 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció que iniciaría conversaciones de adhesión con seis países, entre ellos Brasil. El país lleva más de una década intentando alinearse con los instrumentos de la OCDE para lograr la plena adhesión, lo que le reportaría enormes ventajas económicas y políticas. Tales ventajas no deberían concederse si Brasil no mejora su historial medioambiental y de derechos humanos, como muestra el informe publicado hoy.
Contexto
Desde 2010, la FIDH y Justiça nos Trilhos (JnT), han colaborado en la denuncia de los abusos de derechos humanos de la industria siderúrgica en la comunidad de Piquiá de Baixo (Maranhão, Brasil), una de las muchas comunidades del corredor de Carajás que han soportado los efectos negativos de la actividad minera. A partir de una evaluación de impacto sobre los derechos humanos publicada en 2011, la FIDH y Justiça nos Trilhos han documentado y denunciado los impactos de la industria siderúrgica sobre los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano, a una vivienda adecuada, a la vida, a la integridad física, a la información y a la participación, y al acceso a la justicia. Ocho años después, un informe de seguimiento denunció la persistencia de las violaciones de los derechos humanos por acciones y omisiones de actores públicos y privados, entre ellos Vale S.A.
Nuestras organizaciones han instado en repetidas ocasiones a la comunidad internacional, incluido el Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas, a presionar a Brasil y a las empresas responsables, solicitando reparaciones inmediatas. En septiembre de 2020, el Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, presentó su informe en Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Subrayó la necesidad de recursos para reasentar a la comunidad de Piquiá de Baixo e instó al gobierno, a Vale y a otras empresas a reparar “lo que sólo puede describirse como crímenes ambientales y ocupacionales” a la comunidad, que según su predecesor, Baskut Tuncak, ha sido “envenenada durante décadas.”
En noviembre de 2020, la FIDH y Justiça nos Trilhos llevaron a cabo una campaña internacional de sensibilización para llamar la atención sobre el impacto tóxico de la actividad minera. El vídeo de la campaña fue visto por millones de personas y compartido por miles en todo el mundo, con el hashtag #AnInvitationToPiquia.
