A lo largo de las últimas décadas, el número de personas privadas de la libertad en Brasil aumentó de forma significativa. Hoy en día, Brasil ocupa el tercer lugar en el ranking de los países con mayor población carcelaria del mundo, con un promedio de 300 personas adultas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, número que representa más del doble de la media mundial, según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (Universidad de Essex/Reino Unido).
Ese encarcelamiento masivo y selectivo de personas negras y jóvenes, en especial mujeres, demuestra el avance desenfrenado de la violencia institucional establecida desde el pasado colonial y que, desde entonces, hace de la tortura una práctica perenne dentro de un sistema de justicia penal que cierra los ojos a todo tipo de violaciones de derechos fundamentales de personas privadas de libertad.
Frente a este panorama, Justiça Global monitorea y denuncia violaciones en espacios de privación de libertad, actúa en Brasil y en el exterior para fortalecer las políticas de prevención y combate a la tortura, por el desencarcelamiento, el control del uso de la fuerza y la garantía de los derechos humanos en las instituciones de privación de la libertad.