Al crear obstáculos o impedir la participación política y el funcionamiento de instituciones públicas, interfiriendo o interrumpiendo mandatos electivos, la violencia política y electoral compromete la integridad de la propia democracia y se constituye en grave violación de derechos humanos.
Regiones periféricas y del interior y grupos históricamente discriminados se ven afectados de forma desproporcionada por este tipo de violencia. En consecuencia, esos episodios terminan desestabilizando la representación y participación política de mujeres, personas LGBTQIAP+, indígenas, población negra, comunidades tradicionales y trabajadoras/es, especialmente las/os más pobres.
A partir del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y su chofer, Anderson Gomes, en 2018, Justiça Global empezó a monitorear la cuestión de forma más sistemática, buscando dar visibilidad a la violencia dirigida principalmente a personas con trayectoria en el campo de los derechos humanos que empezaron a sufrir violencia al ser elegidos o al ocupar cargos públicos.