Desde el inicio, Justiça Global tiene como base de su misión el compromiso con sus luchas sociales y ha buscado actuar de forma colectiva, a través del diálogo y de la promoción de la pluralidad.
Creemos en la importancia de fortalecer los movimientos sociales y trabajar en conjunto con organizaciones locales, nacionales e internacionales, a fin de aumentar la participación de la sociedad civil de forma más sólida y eficaz. Por eso participamos en diversas redes y establecemos colaboraciones estratégicas con la sociedad civil para crear espacios y recursos. Además, tenemos el compromiso de abrir nuestros canales para la movilización en torno de emergencias que afecten a personas o grupos cuyos derechos hayan sido violados.
Nuestras relaciones están orientadas por los principios de autonomía, transparencia, publicidad y respeto a los derechos humanos.
Conozca algunas de las redes en las que participamos:
Brasil ostenta el deshonroso tercer lugar en el ranking de los países con mayor población carcelaria del mundo. Es necesario cerrar con urgencia las puertas del sistema penal, con la adopción de medidas efectivas de desencarcelamiento y de enfrentamiento a las violencias estructurales, mientras persiste la falsa apuesta en las penas privativas de la libertad. En este sentido, nos propusimos construir un programa popular de desencarcelamiento y desmilitarización, compuesto por 10 directrices y un único eje: la reducción de la población carcelaria en el país.
La Articulación está compuesta por comunidades, movimientos sociales, organizaciones y trabajadores de diversos países, afectados por la minera Vale.
Acción por las restricciones a la política de seguridad pública del Estado, un gran paso en el enfrentamiento a la brutalidad policial y al racismo institucional por medio de la ADPF (Asociación de Incumplimiento de Precepto Fundamental) 635, conocida como la «ADPF de las Favelas», presentad a la Suprema Corte Federal (STF por sus siglas en portugués).
Creada en 2018, la Coalición los Derechos Valen Más es un esfuerzo intersectorial comprometido con la democratización de la economía y crítico con las drásticas políticas de ajuste fiscal adoptadas por el gobierno brasileño en los últimos años que tanto destruyeron la capacidad del Estado de proteger a la población, de combatir la miseria creciente y efectivar políticas públicas que garantizan derechos.
Articulación compuesta por diversas organizaciones y movimientos de la sociedad civil que desde 2004 hace un seguimiento y actúa en la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en situaciones de riesgo, amenaza, ataque y/o criminalización en función de su actuación.
El Comité Justicia por Marielle y Anderson está compuesto por el Instituto Mariellae Franco, Monica Benicio, Agatha Reis y las organizaciones Justiça Global, Amnistía Internacional Brasil, Coalición Negra por Derechos y Tierra por Derechos. El comité actúa en pro de la justicia, reparación y no repetición de la violencia contra la concejala y defensora de los Derechos Humanos Marielle Franco y el chofer Anderson Domes.
El Comité Nacional en Defensa de los Territorios frente a la Minería, con diez años de existencia, reúne innumerables movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos en pro del fortalecimiento de las luchas por territorios libres, además de las acciones de formación, producción de investigaciones académicas, movilización, articulación política y comunicación sobre el comportamiento y funcionamiento de las empresas mineras.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es un órgano colegiado de composición paritaria que tiene por finalidad la promoción y la defensa de los derechos humanos en Brasil, a través de acciones preventivas, protectoras, reparadoras y sancionadoras de las conductas y situaciones de amenaza o violación de esos derechos, previstos en la Constitución Federal y en tratados y actos internacionales ratificados por Brasil.
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Rede-DESC) es una iniciativa de cooperación entre grupos y personas de diferentes regiones del mundo que trabaja en pro de la justicia social y de los derechos humanos, centrada en los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Federación de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Su objetivo es promover el respeto a todos los derechos listados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Lanzado en junio de 2022, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), el FPOPSEG reúne movimientos sociales de favela, colectivos, entidades y defensoras/es de derechos humanos, universidades y familiares de víctimas de violencia del Estado, con el objetivo de combatir la política racista y terrorista del Estado contra las favelas y periferias del Estado de Río de Janeiro.
Grupo de Trabajo que congrega organizaciones no gubernamentales, sindicatos, universidades y otros especialistas en los temas relacionados a Empresas y Derechos Humanos, con incidencia nacional e internacional.
El Movimiento está formado por organizaciones de la sociedad civil, redes, coaliciones, movimientos sociales y ciudadanos y ciudadanas que actúan para promover el Acuerdo de Escazú Brasil y la participación calificada de la sociedad civil brasileña en las Conferencias de las Partes (COP) y otras actividades relacionadas al Acuerdo Escazú, que busca promover los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en cuestiones ambientales y la protección de defensoras/es ambientales. Se trata del primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con obligaciones específicas de protección de defensoras/es ambientales.
El Observatorio Derechos Humanos y Crisis Covid-19 es una acción estratégica de 35 organizaciones sociales y movimientos populares de un espectro diverso de derechos humanos, para monitorear, formular y sistematizar información relativa a los derechos humanos en el contexto de la pandemia de coronavirus y de las crisis brasileñas.
La Organización Mundial Contra la Tortura es la mayor coalición de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la detención arbitraria, la tortura, las ejecuciones sumarias y arbitrarias, las desapariciones forzadas y otras formas de violencia.
Es una red formada por 40 organizaciones de la sociedad civil que desarrolla acciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), así como de reparación de violaciones de derechos.
Revisión Periódica Universal (RPU) verifica el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de Derechos Humanos asumidos por los Estados-miembro de las Naciones Unidas, buscando mejorar la situación de los Derechos Humanos en todo el mundo. La coalición RPU Brasil une entidades de la sociedad civil con el objetivo de monitorear la situación de los Derechos Humanos en Brasil bajo la mirada de las Recomendaciones de RPU.
Es un espacio de identificación, solidaridad y fortalecimiento de los principios de Justicia Ambiental – Marco conceptual que se aproxima a las luchas populares por los derechos sociales, la calidad colectiva de vida y sustentabilidad ambiental. Se constituye como un foro de discusiones, denuncias, movilizaciones estratégicas y de articulación política, con el objetivo de formular alternativas y potenciar acciones de resistencia desarrolladas por sus miembros (movimientos sociales, entidades ambientalistas, ONGs, asociaciones vecinales, sindicatos, investigadores universitarios y núcleos de instituciones de investigación/enseñanza.
Formada por ocho organizaciones no gubernamentales que promueven acciones de advocacy, buscando la diseminación de información, la promoción del debate político, la elaboración y envío de propuestas junto a los actores del sistema de justicia penal y a la sociedad civil, en los ejes Datos y Transparencia, Derechos y Garantías y Violencia Institucional.
Articulación de organizaciones y movimientos sociales de varias partes del mundo para la construcción de un Tratado Internacional sobre violaciones de los Derechos Humanos cometidas por empresas transnacionales.